AFP - Las movilizaciones contra la actividad minera en la provincia peruana de Andahuaylas (sudeste), iniciadas hace nueve dìas y que dejaron 30 heridos en choques con la policía, continuarán tras el rechazo por parte de la población de un acuerdo entre sus dirigentes y el gobierno, se informó este sábado.En otras zonas del país, afectadas igualmente por protestas contra esa industria, las acciones fueron suspendidas luego de que se entablara un diálogo con las autoridades."Las masas quieren que el paro continúe en rechazo a la actividad minera", dijo el sábado a la prensa Abel Ortega, dirigenet de los movilizados en Andahuaylas, indicando que "la población en una asamblea la noche del viernes rechazó el documento antes aprobado".Ortega, que formó parte de quienes respaldaron el convenio, dijo que un sector de dirigentes agrarios y de la población decidió "desconocer el acuerdo hasta que el gobierno emita una norma donde se indique que las ciudades de Andahuaylas y Chincheros estén excluidas de toda actividad minera formal e informal".El documento firmado por los dirigentes locales y los ministros de Agricultura, Miguel Caillaux, y Energía y Minas, Carlos Herrera, indicaba que en 15 días el gobierno emitirá un decreto que declarará zona de exclusión minera a las provincias de Andahuaylas y Chincheros.El coronel Vicenzo Ieva, jefe de la policía de Andahuaylas, informó que en esa provincia los enfrentamientos disminuyeron, aunque las protestas continúan dificultando el tránsito.En la región nórdica de Ancash, en tanto, los pobladores de las comunidades de Cátac y Conococha acordaron con las autoridades formalizar una mesa de diálogo y levantar el bloqueo de las carreteras tras tres días de violentas protestas, según informó el ministro del Interior Oscar Valdés.En la provincia de Cajamarca, a su vez, a pesar de que el diálogo se ha iniciado aún no se ha llegado a un acuerdo. Los pobladores rechazan el proyecto aurífero y cuprífero Conga impulsado por la transnacional de origen estadounidense Newmont, que supone una inversión de 4.800 millones de dólares.Según los habitantes movilizados de la zona, que el miércoles llevaron a cabo un paro apoyado por el presidente de la región Gregorio Santos, el proyecto minero contaminará las fuentes de agua en su área de influencia, esencialmente ganadera y agrícola.